La organización ciudadana Marea Rosa ha anunciado una marcha por la democracia programada para el próximo domingo 19 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México. En este evento, se espera la participación como oradores de los candidatos de la alianza PAN-PRI-PRD a la Presidencia y la Jefatura de Gobierno, Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada.

Xóchitl Gálvez había adelantado su disposición para incluir su participación en la Marcha por la Democracia dentro de sus gastos de campaña. Esto luego de que Morena exigiera que se contara como un gasto electoral a pesar de que la marcha era convocada por supuesta iniciativa ciudadana.

Con el anuncio de que será una de las oradoras principales en el evento, se confirmó que se incluirá en sus gastos de campaña.

Mientras Morena ha criticado a la marea rosa por autonombrarse una organización ciudadana y después incluir a los candidatos de oposición, ellos han criticado la presunta interferencia del presidente AMLO en el proceso electoral. Señalando la importancia de comprometer a los candidatos con los valores democráticos del país.

Además de Gálvez y Taboada, otros dos ciudadanos, Guadalupe Acosta Naranjo y Ana Lucía Medina, también tomarán la palabra durante la manifestación.

La Marea Rosa dará a conocer algunos puntos con los que quieren que los candidatos se comprometan

La organización ha preparado un manifiesto de 10 puntos por una Nueva República. El cual será firmado por los candidatos, comprometiéndose así con principios de justicia, libertad y respeto.

La marcha contará con la participación de al menos 144 organizaciones de la sociedad civil en 84 ciudades de México y el extranjero. Incluyendo importantes capitales como Washington, Madrid, Barcelona, Londres y París. Se espera que el evento comience a las 9:30 horas, con la participación de los oradores iniciando a las 11:00 horas.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ya advirtió a Xóchitl Gálvez que los gastos de la Marcha por la Democracia se contabilizarán como parte de su campaña electoral.

Gálvez aseguró que no tendrá problemas en fiscalizar estos gastos. Afirma que sus gastos de campaña están por debajo del límite establecido por el INE.

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La noche del sábado, Alessandra Rojo de la Vega, candidata de la alianza PAN, PRI y PRD a la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, fue víctima de un atentado a balazos, según denunció ella misma a través de sus redes sociales oficiales.

La camioneta en la que se trasladaba recibió varios impactos de bala, lo que llevó a la candidata a compartir fotos del vehículo afectado, declarando: “Denunciaremos este atentado, me quieren callar”.

Ante este hecho, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que tomó conocimiento de la denuncia hecha en redes sociales por la candidata y que inició la revisión de cámaras de seguridad de la zona.

Posteriormente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) emitió un comunicado anunciando la apertura de una carpeta de investigación por tentativa de homicidio con arma de fuego en agravio de la candidata.

Según la denuncia presentada por Rojo de la Vega, los hechos ocurrieron en la calle Francisco Tamagno, colonia Peralvillo.

En respuesta, la Fiscalía capitalina dio intervención a agentes de la Policía de Investigación (PDI) y a expertos de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales.

En un último tuit durante la madrugada del domingo, la candidata informó que recién había salido de realizar su denuncia ante el Ministerio Público, evidenciando la gravedad del suceso.

Este atentado se suma a una serie de actos violentos en el contexto electoral. Desde el inicio del proceso electoral el 23 de septiembre, han sido asesinados 25 aspirantes a algún cargo en México, según un reporte sobre violencia electoral de la organización civil Data Cívica.

El distrito Cuauhtémoc, donde ocurrió este atentado, es uno de los más importantes de la Ciudad de México, conocido por su intensa actividad comercial, turística y cultural, albergando lugares emblemáticos como el Palacio Presidencial y el Zócalo, entre otros.

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El gobernador de Nuevo León, Samuel García, vuelve a levantar sospechas sobre presuntos actos de corrupción que estarían beneficiando a sus empresas privadas a través del gobierno del estado.

Las empresas beneficiadas serían principalmente Firma Jurídica y Fiscal Abogados, S.C. y GMA Firma Jurídica Fiscal, S.C, ambas pertenecientes al gobernador y a su padre Samuel Orlando García Mascorro. En total, se estima que los ingresos de las empresas ascienden a los 2 millones 400 mil pesos.

Y lo cierto, es que estas acusaciones no son nuevas. Hace algunos meses ya se había acusado a Samuel García de estar triangulando recursos para beneficiarse.

En ese momento decidió no responder a los cuestionamientos viralizando la canción “Presidente Máynez” en su lugar.

El dinero podría estarse obteniendo de extorsiones desde el gobierno del estado

Sin embargo, el caso retomó relevancia debido a que fuentes cercanas al caso han revelado un esquema de extorsión.

Que estaría presuntamente dirigido a empresarios del sector de hidrocarburos. Quienes son presionados a pagar entre 200 y 400 dólares por pipa de gasolina para poder transitar por el estado de Nuevo León.

Este esquema, supuestamente operado desde la Dirección General de Comercio Exterior, liderada por Carlos Contreras Segovia, obligaría a los empresarios a contratar los servicios de ambos despachos.

Un ejemplo de esto sería la empresa Petrolíferos Lobo S de RL de CV, que pagó 254 millones 324 mil 500 pesos a uno de los despachos del gobernador y su padre.

Cabe destacar que Carlos Contreras Segovia ya tenía denuncias de corrupción antes de estas acusaciones. En 2022 lo denunciaron por cometer delitos mientras era funcionario público.

Además, se ha descubierto una preocupante triangulación de fondos entre proveedores favorecidos por el gobierno estatal y los despachos de García.

Se han movido sumas millonarias sin una clara especificación de los servicios recibidos a cambio. Lo que plantea interrogantes sobre la legitimidad y transparencia de estas transacciones.

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