La Tesorería del Senado de la República emitió cheques por un monto de 66,452 pesos cada uno para cubrir la dieta del senador Enrique Inzunza Cázarez, a pesar de que el legislador se encuentra incluido en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) por la Unidad de Inteligencia Financiera desde el pasado mes de mayo. Especialistas en materia financiera y legal advierten que instituciones como Grupo Banorte y BBVA México podrían enfrentar multas equivalentes al 100% del valor de las operaciones procesadas.
Dicha situación genera un serio dilema normativo, ya que las instituciones de crédito tienen la obligación legal de suspender de forma inmediata cualquier transacción con personas sujetas a restricciones por posibles vínculos con actividades ilícitas internacionales. Esto es gracias a una investigación del equipo periodístico de EMEEQUIS.
Implicaciones legales y restricciones de la UIF
Expertos en la materia señalan que el cobro de cheques nominativos a favor de personas bloqueadas obliga a las instituciones bancarias a procesar transferencias que vulneran el espíritu de la normatividad antilavado. Aunque la legislación federal protege el derecho humano al salario, la inclusión del legislador en la LPB derivada de investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos complica la vía de dispersión mediante los canales financieros tradicionales.
No obstante, la Cámara de Senadores continuó emitiendo los pagos correspondientes a través de documentos bancarios tramitados por sus áreas administrativas, desafiando indirectamente los protocolos de contención patrimonial dictados por las autoridades hacendarias federales.
Antecedentes de la investigación y ausencia legislativa
Las indagatorias contra Enrique Inzunza forman parte de un expediente más amplio integrado en tribunales de Nueva York, donde el gobierno estadounidense imputa cargos por conspiración para el tráfico de narcóticos a distintos exfuncionarios vinculados con la política sinaloense. Tras el congelamiento de sus activos financieros ordenado a finales de abril, el senador optó por limitar su participación pública en el Congreso de la Unión a modalidades virtuales, evitando presentarse de manera presencial a las sesiones ordinarias de las comisiones que integra.
