Por: América Zepeda Cabiedes

Argentina se sume en la incertidumbre habiéndose cumplido el miércoles los primeros diez días del mandato de Javier Milei, donde la aplicación de las medidas económicas conocidas como la “motosierra” ha dejado sentir su impacto en el poder adquisitivo de la población. La amenaza “el que corta no cobra” resuena en los medios de transporte, evidenciando la magnitud de las acciones del nuevo gobierno.

En este breve período, Milei ha desplegado operativos de seguridad anti-piquetes y anti-manifestaciones, liderados por Patricia Bullrich, con el objetivo de poner fin a un repertorio de protestas arraigado en la cultura argentina. La fecha simbólica que marca 22 años desde la movilización de la crisis del 2001 resalta la repetición histórica en Argentina, ahora enfrentando su cuarto intento de instaurar un régimen neoliberal.

Recordando las palabras de Marx, parafraseando a Hegel, que decían que “todos los grandes hechos y personajes de la historia universal acontecen, por así decirlo, dos veces (…) una como (gran) tragedia y otra como (lamentable) farsa”, en Argentina, la historia parece repetirse más de dos veces. Desde el derrocamiento de Yrigoyen hasta nuestros días, el país ha oscilado entre modelos económicos heterodoxos que buscan entender al Estado como promotor del bienestar mediante la regulación del mercado, y otros desreguladores con tendencia a la ortodoxia del libre mercado.

Estamos ante el cuarto intento de Argentina por instaurar un régimen neoliberal, siendo el primero el de la dictadura militar de Jorge Rafael Videla, el segundo el período post hiperinflación con la llegada del menemismo y el tercero el de Mauricio Macri, que solicitó el préstamo más grande otorgado por el Fondo Monetario Internacional sin la intención de redistribuirlo ni la posibilidad seria de pagarlo.

El acto de toma de posesión de Milei el 10 de diciembre de 2023 marcó el inicio de su mandato con un enfoque atípico al dirigirse al público en lugar del Congreso. Este gesto simboliza su intención de gobernar de manera autoritaria mediante Decretos de Necesidad y Urgencia. Acompañado de actividades eclesiásticas de diversidad religiosa, incluida su conversión al judaísmo, este evento desafió las normas y generó inquietudes en la Iglesia Católica.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció medidas económicas el 12 de diciembre de 2023, destacando la no renovación de contratos laborales estatales, la suspensión de publicidad gubernamental por un año, la significativa reducción de ministerios y secretarías, y cambios en la política de importaciones. Estas decisiones, junto con el compromiso de mantener ciertos programas sociales, revelan un giro sorprendente respecto a las promesas de campaña de Milei.

En respuesta a las tensiones generadas por las medidas económicas, Milei participó en la celebración de Janucá con la comunidad judía, mientras las protestas aumentan. Patricia Bullrich anunció un nuevo protocolo para controlar manifestaciones, adoptando un enfoque más autoritario y generando preocupaciones sobre derechos civiles y libertades en Argentina.

El domingo, la Provincia de Buenos Aires, afectada por un devastador temporal, resalta la falta de transferencias del gobierno federal a las provincias. A pesar de la emergencia, el gobierno provincial liderado por Axel Kicillof asumió los costos, mientras organizaciones políticas y sociales, criticadas por La Libertad Avanza, lideraron campañas solidarias.

Este 20 de diciembre fue escenario de la primera gran manifestación contra su gobierno, a pesar de los intentos por parte del presidente y las autoridades de frenar la marcha, los manifestantes, exigiendo mayores subsidios contra la pobreza y oponiéndose a las recientes medidas de ajuste, avanzaron hacia la Plaza de Mayo, generando tensiones con la policía federal. Desde el centro de operaciones unificado, el presidente supervisó el despliegue del operativo de seguridad acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su homóloga de Capital Humano, Sandra Pettovello.

La manifestación se llevó a cabo con tensión, ya que el objetivo del operativo era evitar el corte de vías, por lo cual la policía trató de replegar a los manifestantes a las veredas, lo cual se realizó pacíficamente. Sin embargo, las calles continuaban cerradas por los operativos, lo que deja en incertidumbre la efectividad de las medidas. El momento de mayor tensión se generó cuando varios participantes de la protesta fueron empujados hacia la acera en la intersección de la Avenida Belgrano y la Diagonal Sur.

Mientras Milei se dirigía a la sede principal de la Policía Federal, los grupos políticos PTS y MST, así como el excandidato a vicepresidente del Frente de Izquierda Nicolás del Caño, fueron agredidos. Muchos usuarios de transporte documentaron cómo miembros de la policía detuvieron colectivos y subieron a tomar fotos y videos de quienes se encontraban allí para poder identificar a “posibles manifestantes” y después hacer los cruces de información pertinentes para quitarles los planes sociales en caso de cortar la calle.

Las protestas se llevaron a cabo mientras todavía se esperaba el anuncio del Decreto de Necesidad y Urgencia en el que se derogaron 300 leyes que buscan la desregulación económica, un decreto ideado por su asesor, Federico Sturzenegger, ex presidente del Banco Central durante la era Macri. Sturzenegger, economista influyente, ha participado en eventos clave de la economía argentina, desde el blindaje del FMI hasta la creación de las Lebacs, también estuvo ligado a la gestión responsable de la crisis del 2001. La constitucionalidad del decreto ha quedado sujeta a debate, siendo la responsabilidad del poder judicial detenerlo en caso de determinar que no existe justificación para eludir el proceso legislativo en la adopción de estas medidas.

A solo diez días de la asunción de Milei, Argentina se ve envuelta en una incertidumbre palpable, marcada por divisiones en la sociedad ante las medidas económicas y una peculiar tendencia represiva a las manifestaciones.

Resulta claro que Milei lleva adelante su gobierno de manera independiente al poder legislativo, dando lugar a un proyecto que parece distanciarse de las condiciones democráticas esperadas en un Estado moderno.

En este contexto, se vislumbra una repetición histórica que resonaría con las palabras de Marx; Argentina, por cuarta vez, se embarca en la implementación de un régimen neoliberal. Este ciclo histórico revela la persistencia de modelos económicos opuestos, acompañados de medidas ortodoxas que, desafortunadamente, impactan en la sociedad y van de la mano con la represión de quienes alzan la voz en protesta.

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Tenemos dos semanas en donde hemos visto una crisis de gobernabilidad.

Por ejemplo, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación (TEPJF) pasó del vacío institucional a un golpe de tres magistraturas que obligaron a deponer de la presidencia a su magistrado actual.

Señalaron que había pérdida de confianza y entonces presionaron hasta hacerlo renunciar a partir del primero de enero y eligieron a una magistrada que forma parte del grupo rebelde.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Vimos también, arribar -desde 1994- a la primera ministra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por dedazo presidencial sin llegar por el consenso de las fuerzas políticas representadas en el Senado de República.

Una ministra que llega después de que otro ministro “renunció” al cargo más preciado por irse a formar parte de un movimiento político que busca llegar a la presidencia de República.

Y, recientemente, vimos en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que dos consejeros electorales hacen eco a la petición del PRI, para pararse de la Herradura de la democracia para “reventar” la sesión en curso.

Donde se trataba un tema muy importante para proponer y en su caso, autorizar un mecanismo alterno para designar a las y los titulares de las áreas operativas de gran importancia al interior del INE.

INE

Lo anterior se da bajo la narrativa del contexto de presión del poder político en turno, donde constantemente, hay una amenaza de desaparecer a los órganos autónomos; al Poder Judicial de la Federación con la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto de ciudadanía y ante el ataque directo del presidente de la República y su partido con un plan c que busca tener mayorías absolutas para impulsar reformas constitucionales para lograr esto.

Así las cosas.

Sin embargo, no es y sin duda no será la primera ni la última vez que haya esta intentona de ponerle color de un fuerza política a las instituciones sólidas como son el INE, el TEPJF y la SCJN. Hay instituciones para rato a pesar de los pesares.

Las decisiones que ha resuelto el Tribunal Electoral en estos días de crisis han sido conforme a criterios jurisdiccionales y no por consigna política.

Lo mismo ha sucedido en el Consejo General del INE.

Es decir, el desgaste y crisis de gobernabilidad ha sido sorteado a pesar de las diferencias propias de los órganos colegidos.

Y en la Suprema Corte no queda duda que con la llegada de la ministra afín a AMLO dicho por ella misma, habrá mayoría de ocho perfiles que han defendido férreamente la autonomía e independencia de la división de poderes, la Constitución Política y del Poder Judicial de la Federación.

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Todos hemos sido testigos de la crisis institucional que vive Nuevo León en los últimos días. Samuel García, el nuevo Samuel, como el mismo se auto definió, metió a su estado a la peor crisis política que hemos visto.

Su ambición personal de dejar a medias su mandato por postularse como precandidato único de su partido Movimiento Ciudadano, la presidencia de la República, generó que se quedara como el perro de las dos tortas:

Sin candidatura y posiblemente sin regresar a ser Gobernador de sus estado, hasta en tanto notifique al Congreso Local de Nuevo León y no en su cuenta de X o Instagram.

Desmenucemos este entuerto jurídico en diez pasos.

Uno. La licencia. Samuel García pide licencia al cargo de gobernador para ausentarse seis meses y así poder aspirar a la candidatura de Movimiento Naranja a la Presidencia de la República.
Pero Samuel García exige-propone dejar a Javier Navarro como interino.

Dos. El Congreso Local le otorga licencia y le dice que no a su propuesta de Navarro, que es facultad constitucional designar al interino y designa a Arturo Salinas.

Tres. Samuel y Navarro se inconforman.

Recurren a medios legales en diversos tiempos y momentos de esta crisis e impugnan esta decisión del Congreso ante la Suprema Corte y el Tribunal Electoral.

También recurren a la vía del amparo.

Cuarto. Las determinaciones legales.

En resumen, la Suprema Corte concede la suspensión de ambas controversias constitucionales y deciden que ni Navarro ni Salinas y que es el Congreso Local el que debe designar al interino.

El Tribunal Electoral también decide que Salinas es ilegible y que debe ser el Congreso Local quien designe y agrega: en consenso al interior del Congreso.

Ojo: jamás dice que el nuevo interino designado DEBE ser del mismo partido que el gobernador.

Jamás la sentencia del Tribunal Electoral dice eso.

Lo señalamos porque este argumento fue usado por voces de Movimiento Ciudadano.

Quinto. Un Juez les concede amparo provisional.

Un juez con sede en Tamaulipas le concede suspensión provisional a Navarro y a Samuel para que las cosas queden como estaban para decirlo rápido.

Sin embargo, la suspensión al ser provisional no mata la suspensión definitiva de La Corte.

Ni para Dios ni para el diablo.

Sexto. El Congreso Local designa a un tercero.

En acatamiento a ambas sentencia tanto de La Corte como del Tribunal Electoral y con base a su facultad emite un dictamen y pone a votación del Pleno entre mas de 15 propuestas y votan por mayoría simple con 26 de 42 votos a una tercera persona como gobernador interino. 

Séptimo. El berrinche de Samuel.

A pesar de ser doctor en constitucionalista el buen Samuel hace berrinche e insiste en dejar a Navarro como interino y a pesar de ya andar en precampaña para ser Presidente de Movimiento Ciudadano, en un acto inesperado regresa por dos o tres días a ser gobernador de Nuevo León, más con la idea -así lo vimos- de imponer a Navarro y toma algunas decisiones “jurídicas” que se le fueron saliendo de control.

Determina por “decreto” que la nueva designación del Congreso es inelegible y que no lo dejará rendir protesta y algunas aberraciones más.

Es decir, comienza el aferre de Samuel García y desquiciarse en decisiones jurídicas sin sentido.

Octavo. La decisión de no contender para ser Presidente de México.

Samuel García decide como ha decidido tantas cosas dejar a medias.

Recordemos que dejó de ser diputado local para competir por ser senador, fue senador y dejó de ser senador para competir por ser gobernador, ganó la gubernatura y dejo a dos años de ser gobernador por competir para ser Presidente de México.

Bueno esta vez no podrá serlo. 

Novena. Su regreso por tercera vez a ser gobernador de NL.

Ahora en medio de esta crisis institucional y de poder entre el Congreso Local, el nuevo interno y Samuel García parece que su regreso se complica, ya está nublado sus juicios ya perdió todo entre ello su credibilidad como tercera vía, sus casi 780 mil votos y desde luego la Presidencia de la Republica en 2024. 

Diez. Lo que sigue.

Recomponer el estado de derecho en Nuevo León, reestablecer la legalidad de las instituciones, la división de poderes en el estado, la tranquilidad que requiere un estado para sus habitantes.

Las decisiones de las instituciones lo son todo: hoy La Corte y el Tribunal Electoral han marcado camino en sus decisiones legales y el Congreso Local también deberá entender que hay división de poderes y tampoco son el supremo poder del estado de Nuevo León.

Para Samuel García queda aprender de esta ruda lección que le deja y deberá ser humilde en aceptar que la ley si es le ley.

No le queda más que guardar sus tenis fosfo fosfo.

Nos leemos en la próxima editorial.