La ONU advirtió este viernes que enfrenta un colapso financiero inminente que podría obligarla a cerrar su emblemática sede en Nueva York a partir de agosto. Lo cual podría suceder si los Estados miembros no cubren sus cuotas anuales. El organismo alertó que, de mantenerse la falta de pagos, se quedaría sin recursos operativos en julio.
Altos funcionarios de la ONU señalaron que la crisis pondría en riesgo el funcionamiento del Consejo de Seguridad. Y podría llevar a la cancelación de la Asamblea General de líderes mundiales prevista para septiembre. También se vería afectada la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, encargada de responder a emergencias por conflictos armados y desastres naturales.
🇺🇳 | URGENTE — La ONU reporta un colapso financiero inminente, según su Secretario General, Antonio Guterres.
— Agustín Antonetti (@agusantonetti) February 2, 2026
En julio, la organización se quedaría sin efectivo para enfrentar gastos.
Solo le quedan seis meses de presupuesto, ya que Estados Unidos les ha recortado su cuota. pic.twitter.com/i7AzEcS2Cx
Estado Unidos concentra gran parte de la deuda
El secretario general António Guterres envió una carta a los embajadores de los 196 países miembros en la que alertó que la situación actual es más grave que en cualquier otro periodo previo.
En el documento, advirtió que la falta de liquidez amenaza la ejecución de programas clave y podría derivar en el colapso financiero de la organización.
Estados Unidos concentra alrededor del 95% del dinero adeudado a la ONU, equivalente a unos 2 mil 200 millones de dólares. Que corresponden a cuotas de 2025 y 2026 que no han sido pagadas. La deuda total se suma a montos pendientes por operaciones de mantenimiento de la paz y tribunales internacionales.
Las cuotas de la ONU son obligatorias y se calculan con base en el producto interno bruto de cada país. Venezuela ya perdió su derecho al voto por adeudos, mientras que México mantiene un atraso de 20 millones de dólares, aunque se prevé que regularice su pago.
Guterres pidió a los Estados miembros cumplir con sus obligaciones financieras y reformar las normas presupuestarias vigentes, al advertir que, de no hacerlo, la organización enfrenta un riesgo real de paralización sin precedentes.







