La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Senado una iniciativa para reformar la Ley de amparo. La propuesta busca limitar las suspensiones y acelerar los juicios. El objetivo principal es evitar que se usen de manera abusiva para impugnar normas. La iniciativa busca reformar la Ley de amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
La reforma agrega una definición de «Interés Legítimo» al artículo 5 de la Ley de amparo. Esto facilitaría la defensa de intereses colectivos. También busca evitar que se impugnen normas de forma general.
La reforma a la Ley de amparo y las suspensiones
La iniciativa de la presidenta busca modificar la suspensión del acto reclamado. Esta medida cautelar detiene de forma temporal un acto de autoridad. La reforma propone que los jueces deben sopesar el interés social y el orden público antes de conceder una suspensión.
El artículo 129 de la iniciativa propone nuevas causas para no otorgar una suspensión. Por ejemplo, si permite actividades que necesitan permisos que no existen. Se prohíbe explícitamente la suspensión provisional de amparos contra bloqueos de cuentas bancarias. Se busca evitar que se liberen fondos ilícitos.
Según el documento, entre diciembre de 2018 y agosto de 2025, se han presentado más de 3,600 demandas de amparo contra bloqueos de cuentas. Se concedieron 1,407 suspensiones. Con ellas se desbloquearon fondos por 27 mil millones de pesos.
La reforma propone que la suspensión no proceda si impide al Estado ejercer sus facultades. Sin embargo, los jueces pueden dejar a salvo los recursos necesarios para el pago de salarios. También se protegerán los créditos fiscales o hipotecarios.
Cambios para agilizar los juicios
La iniciativa de la presidenta también busca combatir la lentitud en los juicios. Propone plazos donde la ley actual es ambigua. Sugiere un plazo de cinco días para notificar la admisión de un recurso. Propone un plazo máximo de 60 días para dictar sentencias.
Se modifican las reglas para evitar prácticas dilatorias. Se busca desechar recusaciones que solo buscan retrasar el caso. Se asegura que los expedientes estén completos antes de las audiencias.
La iniciativa permite las promociones jurídicas por vía electrónica. Las autoridades responsables estarán obligadas a actuar a través de medios digitales. La notificación electrónica será la prioridad. Se darán plazos de 360 días y 180 días para que las autoridades se adecuen al sistema digital.
Se busca evitar que la ampliación de una demanda de amparo se use para retrasar los juicios. También se busca que las multas por incumplimiento se impongan al organismo y no al funcionario. La iniciativa propone declarar improcedentes el recurso de revocación y el Juicio Contencioso Administrativo contra deudas fiscales que ya sean firmes. La reforma busca la eficiencia recaudatoria. Evita la prolongación indefinida de los litigios.
