El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, envió un oficio al presidente AMLO en el que intercedió por el capitán José Martínez Crespo, quien carga con dos procesos penales por los presuntos delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa. 

El documento, fechado el 18 de enero de 2021, da cuenta de una visita efectuada por un mando castrense a la prisión del Campo Militar No.1-A.

Ahí era donde el capitán Martínez Crespo estaba detenido desde el 11 de noviembre de 2020. 

Pero tras el encuentro, el secretario de la Defensa escribió al presidente que Crespo se definía como:

“un hombre institucional, ya que cuando ha sido interrogado oficial o extraoficialmente siempre ha mostrado voluntad por narrar los eventos de los que tuvo conocimiento o que por instrucciones recibidas tuvo participación”. 

Esta información forma parte de los miles de archivos del Ejército filtrados por el grupo de hacktivistas Guacamaya. 

Otros documentos

Dan cuenta de que el general Sandoval también ha sostenido reuniones con Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia y socio de los abogados Alejandro Robledo y César Omar González.

¿Y quiénes son estos?, pues integran la defensa legal de los cuatro militares procesados por la desaparición de los 43 normalistas, baia, baia.

Capitán Crespo se dice inocente

Según relató el secretario a López Obrador, el capitán se mantuvo en su posición de que es inocente, ¡hasta cínicos!

Dijo que la acusación en su contra está basada únicamente en el testimonio de un testigo protegido y una narcomanta.

Además señaló que confía en que el sistema de justicia determinaría su libertad, (o sus compis en la justicia).

Para cuando Sandoval envió el oficio a tata AMLO, el capitán Martínez Crespo solo había sido vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada.

Ello al presuntamente tener vínculos con la organización criminal Guerreros Unidos.

El pasado 20 de septiembre, un juez federal le dictó una segunda orden de aprehensión, ahora por desaparición forzada.

Sandoval relató a tata AMLO que no se han hallado discordancias en los ingresos y el patrimonio del capitán:

“No encontrando las autoridades evidencias de capacidad económica superior a la que ha podido obtener como resultado de sus ingresos”

El secretario de la Defensa comunicó a López Obrador que Crespo rechazó por segunda vez acogerse a un criterio de oportunidad para colaborar en la investigación, al considerar que es inocente. 

De acuerdo con el titular de la Sedena, el capitán reiteró su testimonio de que la noche del 26 de septiembre estuvo patrullando Iguala con un grupo de soldados.

Pero que en el hospital privado Cristina encontraron a estudiantes heridos.

Reportó la situación a su superior, el general José Rodríguez Pérez (vinculado a proceso por delincuencia organizada), y envió a una parte de su grupo de soldados a un punto donde yacían cuerpos y donde autoridades locales ya efectuaban diligencias. 

“Finalmente refirió que él se va a mantener firme en su determinación en que debe ser reconocida su inocencia, manifestando confianza en el Sistema Judicial y que con mucha seguridad pronto se determinará su libertad de responsabilidades legales ante las acusaciones que se le imputan”

SANDOVAL.

General recomendó a Cienfuegos instruir a militares antes de declarar  

Los elementos del Ejército pertenecientes al 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero, pudieron haber sido instruidos sobre cómo rendir sus declaraciones.

Ello ante autoridades civiles e investigadores independientes y respecto del rol que desempeñaron el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Contexto de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

El 16 de mayo de 2015, el general en retiro Humberto Alfonso Guillermo Aguilar envió un oficio al entonces secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

En él recomendó “preparar” a los militares que pudieran ser entrevistados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y sugirió cerciorarse de que no hubiera “inconsistencias” en los expedientes.

En su calidad de general en retiro, Guillermo Aguilar fungía como asesor del titular de la Sedena. 

No se halló evidencia de que sus recomendaciones hayan sido adoptadas por parte de Cienfuegos.

De hecho, se opuso a que los militares fueran interrogados, alegando que cuestionar su actuación significaría un daño al prestigio de las Fuerzas Armadas.

Importación ilegal de armas alemanas

El general retirado fue señalado después como presunto responsable en la importación ilegal de armas alemanas.

Mismas que fueron introducidas a zonas de conflicto en México, entre ellas Guerrero.

El 11 de mayo de 2015, poco más de siete meses después de los sucesos de Iguala, el GIEI designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo una presentación pública de avances en su investigación. 

En el informe, los expertos independientes señalaron quejas por tortura, tratos crueles y alteraciones al debido proceso,

También fragmentación de la investigación en 13 causas penales y seis juzgados distintos, así como encubrimiento, obstrucción de la justicia y abuso de autoridad.

Sin embargo, dos de sus planteamientos prendieron las alertas en el Ejército:

1. El primero, que el GIEI solicitara que el crimen contra los normalistas se tipificara como desaparición forzada y no como secuestro;
2. El segundo, su insistencia en entrevistar a elementos del 27 Batallón de Infantería de manera directa y sin intermediación de las procuradurías.

Respecto del primer punto, el general Guillermo Aguilar advirtió a Cienfuegos que “no debe aceptarse que el caso Ayotzinapa se considere como desaparición forzada”.

Alegando que esta clasificación, sumada a la noción de “crimen de Estado”, podría traer consecuencias graves para el gobierno mexicano.

13 causas penales sobre Ayotzinapa

El general Guillermo Aguilar añadió que la integración de las 13 causas penales sobre Ayotzinapa en una sola podría resultar positiva para el Ejército.

Durante la integración y revisión los expertos del GIEI “se percatarían que el personal del 27º B.I- no estuvo implicado en los hechos del 26 de septiembre de 2014”.

Pero añadió: 

“Se debe preparar al personal del 27º B.I. que será entrevistado por los expertos de la CIDH y revisar que los expedientes no tengan inconsistencias”

Desde el 3 de diciembre de 2014, decenas militares de ese batallón habían sido entrevistados por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en calidad de testigos.

Varios de ellos también declararon ante la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM).

En total, de acuerdo con registros hallados en la filtración de documentos de la Sedena, al menos 82 elementos rindieron 114 declaraciones ante la PGR y 43 elementos rindieron 64 declaraciones en la PGJM, dependiente del propio Ejército.

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