Política
Policías de Campeche exigen la renuncia de Layda Sansores
Policías y miles de manifestantes se unieron para exigir la renuncia de la gobernadora Layda Sansores, tras motín en un penal.
Cientos de manifestantes en Campeche, exigieron la renuncia de Layda Sansores y Marcela Muñoz Martínez, titular de la Secretaría de Protección Ciudadana. Esto tras el motín ocurrido en el penal de Kobén.
En el motín más de 30 agentes resultaron heridos durante el intento de controlar la situación. A pesar de esto, la gobernadora ratificó a Muñoz Martínez en su cargo, lo que desencadenó la furia de la comunidad policial y ciudadana.
Layda Sansores atribuyó la protesta a motivaciones políticas, acusando a partidos como Movimiento Ciudadano y el PRI de orquestarla.
Además dijo que no se reuniría con los policías diciéndoles a los policías que “vaya la mamá de cualquiera de ellos porque yo no voy a ir”.
Advirtió a los policías que están incurriendo en delitos graves, que podrían llevarlos a enfrentar largas condenas.
Los policías señalan malas condiciones laborales
Los manifestantes eran en su mayoría policías y reclaman la falta de apoyo adecuado y la ausencia de medidas de seguridad durante el motín, alegando que fueron enviados sin el equipo necesario para enfrentar la violencia desatada por los reclusos.
Los acontecimientos han generado un llamado de atención a las autoridades locales, quienes enfrentan una creciente presión para abordar las preocupaciones de seguridad en el estado, así como para abordar las condiciones en las instituciones penitenciarias.
La situación se torna aún más tensa con la exigencia de la destitución del director de la Policía Estatal, Antonio Sardán Solís.
Quien fue acusado de negligencia al enviar a policías al penal sin informar adecuadamente sobre la gravedad de la situación.
En medio de este ambiente tenso, Marcela Muñoz compareció ante la Comisión de Seguridad del Congreso, revelando el alto número de policías lesionados y las quejas de estrés postraumático presentadas por los elementos.
Sin embargo, las demandas de renuncia y cambio en la política de seguridad persisten.
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Senado vs ahorros de trabajadores; aprueba reforma de pensiones
Morena aprobó la reforma que implica la apropiación de 40 mil millones de pesos de los trabajadores para el fondo de pensiones.
En lo que fue una sesión complicada y se reflejó en una votación llena de discusiones, en el Senado de la República, Morena y sus aliados han aprobado una polémica reforma de pensiones.
Que podría impactar directamente en el bolsillo de los trabajadores mexicanos. Esta medida ha generado un intenso debate político, con la oposición denunciando el acto como un “robo” hacia los ciudadanos.
Con 69 votos a favor, 41 en contra y 2 abstenciones, Morena logró la aprobación tanto en lo general como en lo particular de la reforma.
Que implica la apropiación de 40 mil millones de pesos pertenecientes a los trabajadores para la creación de un nuevo Fondo de Pensiones del Bienestar.
A pesar de las fuertes críticas y la postura contraria de la oposición, el partido en el poder aplicó su mayoría para sacar adelante la medida.
La reforma fue aprobada entre críticas de la oposición
El dictamen, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de leyes como la del Seguro Social, del Infonavit, del ISSSTE, de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, entre otras, tiene como objetivo la creación del mencionado Fondo de Pensiones para el Bienestar.
La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera, anunció que se llevarán a cabo revisiones técnicas para evitar afectar el marco normativo.
Las críticas hacia esta reforma no se hicieron esperar. La senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, acusó que se busca “confiscar” 40 mil millones de pesos de cuentas inactivas.
Presentando incluso una moción suspensiva que fue rechazada. Por su parte, Gustavo Madero, senador del Grupo Plural, afirmó que esta medida evidencia una gestión económica deficiente por parte de Morena. Y señaló la desaparición de recursos y fideicomisos durante su administración.
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¿Nahle usa vehículos robados para hacer campaña?
Arturo Castagné acusa a Rocío Nahle de emplear una camioneta con reporte de robo y otra registrada que es propiedad estatal.
El empresario Arturo Castagné ha levantado serias acusaciones contra la candidata de Morena al Gobierno de Veracruz, Rocío Nahle. Al afirmar que en su convoy se emplea una camioneta con reporte de robo y otra registrada como propiedad del Ayuntamiento de Martínez de la Torre.
Castagné, comenzó las denuncias contra Nahle y su esposo hace una semana. Las denuncias están siendo procesadas por la FGR y engloban diversos delitos, incluido enriquecimiento ilícito.
Ahora el empresario, señala que la candidata utiliza una camioneta negra modelo 2023, matrícula U27-BLW, que fue reportada como robada desde el 22 de marzo. Esta camioneta participó en una gira por el Municipio de Pánuco, Veracruz, junto a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum.
El empresario compartió en redes sociales documentos que respaldan esta acusación, incluyendo reportes de robo presentados ante el Ministerio Público y la plataforma federal de vehículos robados.
Nahle también estaría usando vehículos de propiedad estatal
Además, Castagné señala que la camioneta utilizada por el coordinador de campaña de Nahle, Rodrigo Calderón Salas, pertenece al Ayuntamiento de Martínez de la Torre desde 2018.
Se trata de una camioneta Chevrolet Suburban blanca, con matrícula YBE-044A, cuya propiedad está respaldada por una carta factura municipal.
El empresario ha prometido llevar la denuncia a las autoridades competentes la próxima semana.
Lo cual, pone más presión sobre la candidata de Morena a la gubernatura de Veracruz. En caso de que se comprobara la veracidad de estas denuncias, podrían haber consecuencias significativas en el desarrollo de las elecciones.
Nahle ni su equipo han emitido ninguna respuesta por lo que se está en espera de un comunicado.
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El proceso electoral 2024 es el más violento de la historia: 15 estados en riesgo
El del 2024 es el proceso electoral más violento de la historia moderna mexicana, el crimen podría involucrarse en las elecciones.
En un informe reciente de Integralia, una consultora especializada en asuntos públicos y riesgo político, se reveló una preocupante tendencia de violencia en el actual proceso electoral.
Con un promedio diario de 2.2 afectados, el proceso electoral de 2024 se ha convertido en el más violento de la historia moderna del país.
Desde el 7 de septiembre de 2023 hasta el 21 de abril de 2024, se han registrado 386 incidentes violentos, resultando en 501 víctimas.
Las agresiones van desde amenazas y atentados hasta secuestros, desapariciones y homicidios.
Y todo apunta a que si la tendencia actual continúa, el número de incidentes podría duplicarse a 600 para el final del proceso electoral. Con lo cual, superaría significativamente los 299 casos reportados durante las elecciones federales de 2020-2021.
Y el riesgo no para en que la violencia se quede en el proceso electoral. De acuerdo con Armando Vargas Hernandez, consultor de Integralia:
“En el último sexenio hemos visto una expansión de los regímenes criminales, es decir, nuestra democracia se ha convertido en un mecanismo para que los grupos criminales asuman el control de los territorios”
Con lo cual podrían comenzar a elegir la vida política de la población y no solamente desde lo oculto.
Algunos estados están en alto riesgo de intervención criminal
El estudio destaca 15 estados en riesgo de intervención criminal en sus elecciones. Entre ellos, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos se encuentran en un nivel de riesgo muy alto. Esto debido a que el 80% de sus territorios están controlado por el crimen organizado o es disputado por los mismos.
Esta situación pone en peligro la integridad del proceso electoral y la seguridad de los candidatos y personas involucradas en las campañas.
La escalada de violencia en el proceso electoral mexicano es un llamado de atención sobre la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad y garantizar elecciones libres y justas. Es imperativo que las autoridades tomen acciones decisivas para proteger a los participantes y preservar la democracia en México.
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