En las últimas semanas hemos visto revueltas sociales y violentas represiones a manifestantes en países latinoamericanos como Ecuador, Bolivia y Chile, por diferentes causas, pero de fondo con un hartazgo común contra los gobiernos de izquierda, o de centro derecha y en general contra el poder político y el poder económico.

Por un lado los gobiernos con economías más alineadas con las políticas internacionales basadas en el libre mercado (neoliberales) como la de Ecuador y Chile, que se ven presionadas a aplicar medidas que afectan directamente a una población ya de por sí ahogada y cautiva en un modelo económico que apenas les permite sobrevivir; y otros, como el de Bolivia (populismo de izquierda), está entrampado en un conflicto poselectoral, a través del cual su presidente Evo Morales pretende perpetuarse en el poder.

En términos llanos: se trata del hartazgo ante la falta de libertades económicas y políticas y de una profunda desigualdad sin importar ideologías, que igual revienta por el lado económico que por el político. Dos modelos que agobian, aplastan y someten las nuevas generaciones que no encuentran en ninguna de estas dos opciones una forma de vida que les garantice bienestar y futuro.

Ser esclavos del poder económico (neoliberalismo), del poder político (populismo de izquierda) o crear un nuevo paradigma, esa es la disyuntiva. 

En el caso de Ecuador fue el movimiento indígena junto con los liderazgos  jóvenes el que sirvió de punta de lanza para derribar, después de 12 días de paro, un decreto que imponía restricciones económicas severas en perjuicio de las mayorías. Movimiento respaldado por la sociedad civil también harta de la situación económica, así como sindicatos, feministas, organizaciones sociales  con distintos fines y hasta correístas (seguidores del ex presidente Rafael Correa).

El presidente Lenin Moreno, quien se autodenominaba de “izquierda revolucionaria” emanado del propio correísmo (fue vicepresidente con Correa), pero ahora aliado con la derecha ecuatoriana, emprendió una represión nunca antes vista en ese país, que dejó 9 muertos, 1,300 heridos y una cantidad similar de detenidos, entre ellos, mujeres, jóvenes y personas que no estaban involucradas en las movilizaciones.

Finalmente lo que terminó doblando al gobierno para que echara para atrás el decreto el pasado domingo 20 de octubre, fue la inquebrantable resistencia de la gente en Quito (aunque el presidente trasladó los poderes a Guayaquil) y la inusitada solidaridad de los ciudadanos con todos los involucrados en el movimiento, especialmente con los más de 20 mil indígenas que llegaron a la capital, para alimentarlos, hospedarlos y motivarlos a continuar en el paro.

Aún cuando el gobierno coptó a la prensa, ocultó información y bajó las señales de Telesur y Radio Pichincha, la comunicación se movió a los espacios digitales: transmisiones vía streaming, en Facebook y convocatorias a través de Whatsapp.

El punto de inflexión en el movimiento fue el protagonismo que asumieron los liderazgos jóvenes arropados por el movimiento indígena, quienes lograron que en el proceso de negociación frente al gobierno, todo el diálogo fuera transmitido de manera transparente a través de los medios de comunicación en vivo, además de las redes sociales.

Tras esta derrota política, el gobierno sigue negociando con el movimiento las medidas económicas que habrá de tomar en sustitución del decreto presidencial que reducía salarios, privatizaba el sistema de pensiones, quitaba el subsidio a los combustibles y aumentaba el precio del transporte.

En tanto en Chile, el milagro económico que muchos atribuyeron a la rigidez del modelo impuesto durante la dictadura militar de Pinochet, que fue mantenido por la transición chilena en democracia, ni con gobiernos de izquierda, ni de derecha logró la redistribución efectiva del ingreso y convirtió  a Chile en uno de los países más desiguales del mundo, en donde una reducida élite progresa mientras que la mayoría vive al límite y no tiene expectativas de futuro.

Las cifras macroeconómicas y el crecimiento sostenido se lograron a costa de bajos salarios, la casi inexistente protección social, el paulatino empobrecimiento y endeudamiento de la inmensa mayoría de la ciudadanía, que este año alcanzó su máximo histórico.

Su presidente Sebastián Piñera presumía hasta hace solo unas semanas que Chile era un oasis en la convulsionada América Latina, pero el jueves 17 de octubre la bomba explotó con la chispa del aumento del boleto del metro, que dentro de sí trae la expresión de un hartazgo social que volcó la gente a las calles.

Santiago evocó la dictadura militar de hace tres décadas con el ejército apoyando a los carabineros que trataban de controlar a los inconformes con una violencia inusual y propiciando caos, enfrentamientos, ataques incendiarios y saqueos que se fueron contagiando a otras regiones del país, lo que precipitó al gobierno a decretar un toque de queda.

Las razones que están detrás: pensiones indignas, salud precaria, sueldos miserables, educación de mala calidad, licencias médicas por depresión, deuda universitaria vitalicia, altos sueldos de la élite política, delincuencia sin control, empleos precarios, escándalos de corrupción en los Carabineros y el Ejército, inconformidad que este Gobierno y los anteriores sólo habían administrado.

Hace un mes se anunció una aumento de 10% en la luz y en el transporte en horas pico acompañados de declaraciones muy desafortunadas del ministro de Economía justificando que había que moverse en horas de menor tránsito para acceder a una mejor tarifa, lo que fue tomado como una burla para la clase trabajadora. A partir de eso los jóvenes comenzaron a brincarse los torniquetes  del metro y la gente comenzó a seguir su ejemplo. 

La misma molestia generaron los privilegios para la clase política en condonaciones de impuestos o impunidad en casos de financiamiento ilegal a campañas. 

Al igual que en Ecuador, los protagonistas de la revuelta son una nueva generación de chilenos, de menos de 30 años, que no conocieron la dictadura,  que retan a la autoridad, que se sienten desesperanzados, sin nada que perder y cuya rabia contenida desemboca en violencia.

La desconexión de la clase política y la económica con la realidad social y la respuesta brutal de las fuerzas del orden ha dejado hasta ahora 18 muertos, 269 heridos, (137 de ellos de bala), más de 2 mil 200 detenidos y más de 200 mil personas en las calles en protesta, a pesar del toque de queda impuesto por el gobierno de Piñera.

Ante la presión social, el mandatario se vio obligado a recular, pidió perdón y anunció medidas para mitigar la crisis. Entre ellas: aumento inmediato de 20% en las pensiones, un seguro médico para enfermedades catastróficas, subsidio y reducción de precios a medicamentos, reducción de tarifas de luz, incremento de impuestos a grandes contribuyentes y disminución de sueldos a altos funcionarios. Aún así la situación de emergencia continúa y 11 regiones siguen bajo control militar.

Bolivia parece atravesar otro tipo de circunstancia. Una crisis política originada por el cuarto intento de mandato del presidente Evo Morales que ya raya en dictadura. Aquí la olla de presión reventó por el lado político electoral: el conteo de votos de las elecciones presidenciales del pasado domingo 20 de octubre que dio como ganador al actual presidente Evo Morales en medio de denuncias de fraude y uso de recursos públicos para la coacción del voto.

El proceso electoral se llevó a cabo sin mayores problemas, pero la crisis llegó durante el conteo de los votos: con el 83% computado, todo indicaba que Morales y el opositor Carlos Mesa tendrían que  ir a una segunda vuelta. 

Sin embargo, a media noche y muy similar a lo que pasó en México en 1988, con la caída del sistema, el conteo preliminar oficial fue suspendido abruptamente. La oposición boliviana encendió las alarmas y calificó este hecho como el principio de un fraude. Al día siguiente, el conteo se restableció y los resultados preliminares ahora daban como ganador a Morales sin necesidad de ir a una segunda vuelta. 

La gente salió a la calle en La Paz y otras ciudades de Bolivia con boletas electorales marcadas a favor de Evo Morales que, según su testimonio, habían encontrado en domicilios particulares como prueba del fraude. Otra vez las redes sociales jugaron un papel protagónico en la organización de la protesta social y la difusión de lo que estaba pasando.

El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, renunció el martes en medio de fuertes críticas al trabajo del organismo por la “caída del sistema” el domingo por la noche. Su renuncia se debió, dijo, a “la desatinada decisión de la sala del Tribunal de suspender la publicación de los resultados del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares Electorales-TREP”.

Evo Morales lleva en el poder desde 2006 y había ganado cómodamente sus dos anteriores reelecciones, con la  pretensión de quedarse hasta 2025, lo cual lograría alcanzando 50% de la votación o al menos 10% de ventaja sobre quien lo siga. 

Hasta ahora, según los resultados preliminares, Evo tiene 46,4% de las preferencias y el expresidente Mesa 37,07%, con 95,63% de las actas computadas. Este sistema vía teléfono sirve para establecer una tendencia del cómputo oficial definitivo, pero no tiene carácter oficial.

Mientras, en el cómputo oficial, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) reportaba con el 83,87% de los votos válidos, 43,64% para Evo contra 40,01% de Mesa.  Esta inconsistencia generó muchas dudas en la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), quien lo calificó como “un cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia”.

En los tres casos encontramos denominadores comunes: hartazgo social contra la falta de libertades, económicas o políticas; jóvenes rebelándose contra la falta de opciones y de futuro, una organización social espontánea a través de canales de comunicación alternativos en plataformas digitales y la necesidad de asumir la responsabilidad ciudadana de cambiar su propio entorno.

En México estas condiciones, al menos hasta ahora, no están dadas. Aun con algunas similitudes, el presidente López Obrador conserva un alto grado de popularidad, se ha negado sistemáticamente al uso de la fuerza; aunque ha criticado severamente a los medios, no ha tenido acciones directas contra ellos; no ha aumentado impuestos y ha repartido apoyos económicos a grupos vulnerables a quienes ha convertido en su clientela política.

Aunque los índices de inseguridad y violencia siguen incrementándose por la inacción de las fuerzas del orden frente al crimen organizado y el crecimiento económico es nulo, la luna de miel política con su electorado sigue en buena medida vigente, pero lo que ha pasado en estos tres países y el desgaste natural ante las expectativas incumplidas debe poner sus barbas a remojar.